En todo proceso matrimonial o pareja de hecho, en caso de existir hijos menores se ha de determinar la pensión alimenticia en favor de los mismos. Es una obligación impuesta por Ley y personalísima. Es un derecho irrenunciable, no susceptible de compensación ni de transacción, intransmisible e indisponible.
El derecho a exigir alimentos es imprescriptible pero el de reclamar las pensiones ya devengadas prescribe a los 5 años a contar desde el momento en que se produce el incumplimiento del alimentante.
Con la mayoría de edad no se pierde el derecho a alimentos pero a partir de entonces se configura como un derecho alimenticio en sentido estricto, al extinguirse la patria potestad. La obligación de prestar alimentos continúa hasta que el hijo tenga una posibilidad real de proveer a sus necesidades.
La custodia compartida no exime del pago de una pensión de alimentos cuando uno de los progenitores carece de ingresos o existe desproporción en los ingresos de ambos progenitores.
La pensión alimenticia no tiene una cuantía fija sino que es proporcional al caudal o medios de quien tiene que pagarlos y a la necesidad de quien tiene derecho a recibirlos. Estos parámetros son valorados por los juzgadores los cuales tienen un amplio poder discrecional para fijar la cuantía de los alimentos. Respecto al alimentante, hay que considerar no sólo los ingresos con los que cuente sino también el resto de los recursos económicos de que disponga.
Existe el llamado mínimo vital, que es una cantidad mínima que se impone al alimentante cuando existe una verdadera penuria económica del mismo, a efectos de cubrir los gastos más imprescindibles para cubrir las necesidades del menor. Incluso a veces, cuando el alimentante es absolutamente insolvente por carecer de recursos económicos, se puede suspender dicho mínimo mientras perdure dicha situación.
Existen unas tablas del Consejo General del Poder Judicial , cuyo carácter es meramente orientativo, para determinar las pensiones alimenticias de los hijos en procesos de familia.