El Tribunal Supremo ha establecido que dejar de pagar la pensión alimenticia de los hijos es «violencia económica», puesto que deja a los propios hijos en un estado de necesidad y exige al progenitor que los tiene en custodia a llevar a cabo un exceso en su esfuerzo de cuidado y atención hacia los hijos, no pudiendo incluso atender sus propias necesidades para cubrir las necesidades que no verifica el obligado a hacerlo.
